El principio de rigidez constitucional implica, en teoría, que la norma suprema de un país pueda reformarse a través de un sistema distinto - y más complejo - del procedimiento regular para modificar una ley ordinaria.
La Carta Magna reconoce derechos esenciales de todos los ciudadanos (derechos humanos, que generalmente se amplían en tratados internacionales, leyes federales o locales); de igual manera, el Texto Fundamental establece las reglas de funcionamiento de los poderes del Estado, cuáles son sus atribuciones, competencias, manera de conformarse, etcétera.
En el papel, la Carta Queretana de 1917 prevé una constitución rígida, pues para su reforma se exige un procedimiento "dificultado", consistente en la aprobación de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como la mayoría de las legislaturas estatales; sin embargo, la realidad es otra, ya que nuestra Constitución Federal ha sufrido más de quinientas reformas desde 1917 (el número varía según la forma de contabilizarlas), que resultan excesivas si se comparan, por ejemplo, con la Constitución estadounidense, que desde 1787 sólo se ha reformado (enmendado) en 27 ocasiones.
Siguiendo con la comparación referida en el párrafo anterior, la última reforma a la Constitución del país vecino del norte fue en 1992, es decir, han transcurrido más de 20 años, mientras que en México la última reforma fue el 30 de noviembre de 2012 (no más de dos meses).
El plazo más corto que ha habido entre enmienda y enmienda en Estados Unidos es de 2 meses con cinco días (entre las enmiendas 16 y 17). En México se ha modificado el Pacto Federal en dos días seguidos (8 y 9 de febrero de 2012, esto es, un día sí y al otro también).
La Constitución establece las reglas a la que deben de someterse todos los entes estatales; no obstante, en México el principio de rigidez constitucional ha sido tropicalizado o atenuado: Si al poder no le gustan las reglas a las que está sujeto, sin el mayor empacho decide cambiarlas. El Estado no se ajusta a la Constitución, sino que ésta se modifica a las necesidades de aquel.
Las modificaciones constitucionales de este año van de reformas de perogrullo, como la de 30 de noviembre, que cambió la redacción del artículo 40, para establecer que México es una República laica, a pesar de que nadie dudaba de ese carácter, pues ya estaba así establecido desde 1917, como lo dije en otro post de este blog, hasta reformas chilindrinescas (por aquello de que "así como digo una cosa digo otra"), al devolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una competencia que antes tenía, que después fue transferida al Senado (conflictos competenciales entre estados, de 15 de octubre).
Es lugar común decir que en nuestro país no existe una cultura de la legalidad, lo cual ha sido motivo de estudios por la Universidad Nacional Autónoma de México; si el Constituyente Permanente no respeta a la propia Constitución con tantas reformas, ¿por qué habría de hacerlo el ciudadano común y corriente, que ni siquiera sabe cuál es el texto actual de la Constitución Federal con tantos cambios?
Las legislaturas de los Estados jamás se han opuesto a una reforma constitucional aprobada por el legislativo federal, convirtiéndose en un simple trámite administrativo.
Un texto constitucional firme y permanente en el tiempo otorgará mayor seguridad jurídica a los gobernados, pues podrán conocer cuáles son sus derechos o los límites de la actuación del Estado, si éstos han permanecido más o menos iguales con el paso del tiempo. En un Estado donde la constitución se reforma diario (P. E. 8 y 9 de febrero de 2012) no puede existir esa certeza.
Llevemos la afirmación anterior a un plano más modesto. El Reglamento de Mercados de San Pedro Cholula, Puebla, fue expedido en 1992 y no ha sido modificado desde esa fecha. Obviamente los usuarios de los mercados en ese municipio, así como los locatarios y autoridades municipales, saben cuáles son sus derechos, obligaciones y facultades, pues han estado sujetos a las mismas reglas por más de 20 años. Una norma que puede ser fácilmente modificada por el Ayuntamiento, en los hechos, es más rígida que la Constitución Federal, a pesar de que la importancia entre ambos ordenamientos ni siquiera podría ser sujeto de discusión.
La Constitución contiene principios, reglas básicas, pero en México creemos que se trata de un mega reglamento (basta leer los artículos 41 o 123, que en lugar preceptos constitucionales parecen códigos procesales). No todo se debe constitucionalizar para que sea válido. Ojalá algún día entendamos eso para dar a la Constitución el lugar que se merece en nuestro sistema jurídico.
