sábado, 24 de abril de 2010

Maltrato a animales y libertad de expresión. La sentencia US vs. Stevens.

Antecedentes:

El Congreso de Estados Unidos emitió una ley penalizando la grabación, venta o posesión de imágenes mostrando actos crueles en contra de animales. Dicha norma se emitió debido a la popularización de vídeos donde mujeres, disfrazadas como dominatrices, pisaban hasta la muerte a pequeños animales como gatos, perros, monos, ratones y hámsters. Un Amicus Curiae mostró a la Corte un video en el que "… un gato, amarrado al piso, observaba y se retorcía en dolor mientras una mujer enterraba sus tacones en las órbitas oculares del gato, fracturando su hocico y cráneo con múltiples pisadas. El gato se desangra mientras grita de dolor, y al final se le deja muerto en una pila de piel ensangrentada y huesos".

Robert J. Stevens tenía un negocio denominado "Perros de terciopelo y acero" y una página de web asociada a éste, donde vendía vídeos de peleas de perros o perros atacando a otros animales. Stevens fue detenido y juzgado con base en la norma referida en el párrafo anterior; la pena impuesta consistió en 37 meses de prisión y 3 años de libertad bajo supervisión. 

Un Tribunal de apelaciones confirmó la sentencia y determinó que la norma penal no era inconstitucional, ya que la exhibición de maltrato a animales no estaba protegida por la libertad de expresión, realizando una interpretación analógica de un precedente de  la Suprema Corte Federal, en la que señaló que la pornografía infantil no estaba tutelada por la libertad de expresión. 

El asunto llegó a la Suprema Corte. El Chief Justice Roberts (Presidente de la Corte) redactó la sentencia, la cual fue aprobada por mayoría de 8 votos (sólo el Justice Alito votó en contra).

La Suprema Corte determinó que la norma penal viola el derecho constitucional de libertad de expresión debido a su ambigüedad. El Poder Ejecutivo señaló que sólo se procesaría casos "extremos" de crueldad; sobre esto, la Corte determinó que no declararía la constitucionalidad sólo por la promesa de que el Gobierno utilizaría la norma de manera responsable. 

Me parece que el fallo de la Suprema Corte implicó un fuerte revés a las sociedades protectoras de animales; sin embargo, hay que reconocer el ámbito protector que la Corte ha dado siempre a la libertad de expresión. 

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